El pasado 1 de octubre, en el marco de la feria LIBER 2026 celebrada en Barcelona, FESABID organizó la mesa redonda «Obras fuera de comercio: diálogo entre bibliotecas y gestión colectiva», en la que se presentó públicamente el estado de las conversaciones que la federación mantiene con CEDRO desde finales de 2025, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo marco de licencia sobre este tipo de obras.

La sesión, moderada por Ana Ordás (FESABID, nodo español del proyecto europeo Knowledge Rights 21 – KR21), reunió a Antonio Martínez Bodi (Abogados de las Artes), asesor legal de FESABID en esta negociación; a Carolina Santamarina, del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual de FESABID; y a Javier Díaz de Olarte, en representación de CEDRO.

Obras fuera de comercio: un mecanismo legal que aún no se aplica en España

Desde 2019, una directiva europea, transpuesta a la legislación española en 2021, permite a bibliotecas, archivos y otras instituciones patrimoniales digitalizar y dar acceso a obras que ya no se encuentran disponibles en los canales comerciales habituales, aunque siguen protegidas por derechos de autoría: las llamadas «obras fuera de comercio». El mecanismo requiere, no obstante, la firma de una licencia con la entidad de gestión correspondiente. A día de hoy, España no cuenta con ninguna obra declarada bajo esta figura en el portal de la EUIPO, frente a países que ya han avanzado mucho en su aplicación.

Qué se está negociando: una licencia colectiva extendida

Antonio Martínez Bodi explicó el alcance del acuerdo: se trata de una licencia colectiva extendida, de carácter marco, a la que podrá adherirse cualquier biblioteca o institución pública española, con independencia de si está asociada a FESABID. El objetivo es ofrecer una herramienta legal sencilla y segura que permita a estas instituciones dar a conocer fondos que, hasta ahora, han permanecido con un acceso muy limitado.

Martínez Bodi recordó también que la ley exige reforzar las garantías de las personas titulares de derechos: antes de conceder cualquier licencia debe mediar un periodo de publicidad previa de varios meses, durante el cual quien sea titular puede ejercer su derecho de exclusión y retirar su obra del acuerdo. Esta exigencia, explicó, se apoya en la jurisprudencia europea (la conocida sentencia Soulier y Doke del Tribunal de Justicia de la UE), que llevó a ampliar las garantías de la autoría en la propia directiva. Incluso si una obra ya ha sido puesta a disposición del público al amparo de la licencia, su titular conserva siempre la posibilidad de solicitar que se retire.

La mirada desde las bibliotecas: qué pueden hacer hoy y qué cambiaría con el acuerdo

Carolina Santamarina trasladó la perspectiva práctica del sector. Hoy, explicó, las bibliotecas no parten de cero: ya pueden clasificar sus fondos y dar difusión limitada a ciertas tipologías documentales, y disponen de herramientas puntuales como la búsqueda diligente para obras huérfanas concretas o el régimen de consulta en terminales especializados dentro de sus propias instalaciones. Sin embargo, subrayó, ninguna de estas vías permite actuar a la escala que requiere el volumen real de los fondos: la búsqueda diligente solo es viable obra por obra, no de forma masiva, y la normativa sobre terminales especializados responde a una jurisprudencia desactualizada y muy distanciada de la realidad de las personas usuarias.

A ello se suman varios obstáculos: la falta de análisis sobre el retorno económico y social de la inversión que realizan las instituciones culturales en digitalización, la incorporación de nuevos gastos, como los pagos por la gestión de derechos, y cierto temor en el sector a actuar en un terreno percibido como jurídicamente incierto. Este temor deriva más de la falta de formación especializada en propiedad intelectual dentro de las instituciones que de una imposibilidad real de actuar.

Con un acuerdo marco operativo, explicó Santamarina, las bibliotecas podrían dar el salto de la excepción puntual a una gestión sistemática: poner a disposición del público, de forma abierta y en red (no solo en un terminal físico dentro de la institución), fondos digitalizados que hoy permanecen inaccesibles pese a la inversión pública ya realizada en su digitalización y conservación. Insistió en que esa es la función esencial de las bibliotecas y archivos: garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura, y permitir que la inversión pública en patrimonio documental se traduzca en un beneficio real y tangible para la ciudadanía.

El trabajo de CEDRO y el reto de las obras con derechos combinados

Javier Díaz de Olarte presentó los avances de CEDRO en el desarrollo de una herramienta de verificación que permitirá comprobar de forma más sencilla si una obra se encuentra fuera de comercio, actualmente centrada en el ámbito del libro, con la voluntad de explorar su extensión a otros materiales en el futuro. Recordó también que CEDRO, como entidad de gestión de los derechos de autoría de texto, no gestiona los derechos sobre obras de creación visual (ilustraciones, fotografías), que corresponden a otra entidad de gestión, VEGAP.

Sobre este punto, Antonio Martínez Bodi señaló uno de los retos técnicos más interesantes del proceso: muchas publicaciones combinan distintos tipos de derechos (el texto y las ilustraciones que contienen, por ejemplo), por lo que será necesario avanzar hacia una fórmula que incorpore también a VEGAP y permita resolver ambos derechos de forma coordinada, con una única licencia, evitando que una misma biblioteca tenga que tramitar autorizaciones distintas para una sola obra. Como referencia, citó el modelo alemán, donde el acuerdo de obras fuera de comercio se firma conjuntamente entre la entidad equivalente a CEDRO para los derechos de texto, la equivalente a VEGAP para los derechos visuales, y la Biblioteca Nacional alemana, lo que permite cubrir con una sola licencia y un único pago obras que combinan ambos tipos de contenido. El diálogo con CEDRO, explicó, es el primer paso de un proceso que deberá ampliarse hacia un modelo de estas características.

Un espacio de diálogo abierto

El turno de preguntas permitió profundizar en aspectos como el papel que podría desempeñar la Biblioteca Nacional de España en este proceso y la dificultad de medir el uso real de las colecciones digitalizadas. Se recordó que la misión de las bibliotecas es, ante todo, garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura, más allá de cualquier lógica de rentabilidad.

La sesión se cerró con un mensaje compartido por quienes participaron:

«No se trata de digitalizar indiscriminadamente los fondos de las bibliotecas; se trata de encontrar un mecanismo que permita digitalizar y dar acceso a aquellas obras que realmente han quedado fuera de los canales comerciales».

Próximos pasos

FESABID continuará trabajando en esta negociación, que se enmarca en la línea de trabajo del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual y en los objetivos del proyecto europeo Knowledge Rights 21 (KR21), dedicado a fortalecer el derecho de acceso y uso del conocimiento en beneficio de la investigación, la ciencia y la sociedad en toda Europa.