FESABID reclama mejoras en la transparencia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
El nuevo Informe FESABID “Estudio sobre los informes de transparencia (2019-2020) de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual” evidencia dificultades para la comprensión de los datos y las actividades sociales de estas entidades.

FESABID | 13 JUNIO 2022
En el año 2019, las bibliotecas, archivos y museos españoles contribuyeron con más de 3 millones de euros a las entidades de gestión de derechos por conceptos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), con la finalidad de remunerar a los titulares de derechos por los usos de sus obras en el sector patrimonial. Las entidades de gestión de derechos son un sostén fundamental para los creadores de toda índole, puesto que contribuyen a remunerar económicamente a las personas autoras por los usos de sus obras, tanto en el contexto analógico como en el digital. El total de la recaudación ascendió a 439 millones de euros en el ejercicio 2019, de los que se repartieron 346 millones entre las más de 200.000 personas y 8.000 empresas asociadas.
La obtención de estas cifras es resultado del “Estudio sobre los informes de transparencia (2019-2020) de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”, a cargo de Luis Fernando Ramos e Ignacio Miró, que ha publicado FESABID, y que detecta numerosas dificultades para obtener y comparar los datos de control y transparencia de las entidades de gestión de derechos en España.
El nuevo Informe FESABID analiza los Informes Anuales de Transparencia (IAT) que publican estas entidades de acuerdo con la LPI, y pretende conocer y valorar tanto la actividad económica como el retorno social mediante la función asistencial, de promoción de la cultura y la creatividad. Particularmente, el estudio centra su atención en la recaudación relacionada con actividades de bibliotecas, archivos y museos, las instituciones culturales, patrimoniales y de investigación representadas por FESABID.
Informes Anuales de Transparencia
Los IAT se incorporaron como obligación legal en la Ley de Propiedad Intelectual en las reformas de 2018 y 2019, de acuerdo con las disposiciones del derecho comunitario que en la Directiva 26/2014 reclamaban un mayor control y transparencia de la gestión colectiva de derechos que llevan a cabo una serie de entidades autorizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, y que representan los intereses de autores y autoras, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP); la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA); de artistas intérpretes o ejecutantes (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (IAE); Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE); o de productores, como la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); y la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA).
Así, los arts. 147 a 189 de la LPI están dedicados a consagrar las obligaciones de información, transparencia y contabilidad de las entidades de gestión y, concretamente, el art. 189 obliga a la elaboración de un informe anual con información detallada sobre las cuentas de las entidades, las actividades del ejercicio anual, información pormenorizada sobre recaudación y reparto, así como sobre actividades asistenciales, promocionales y de fomento.
Conclusiones del estudio
El estudio detecta la dificultad que puede tener la ciudadanía de a pie para entender la información de los IAT, y especialmente la comparación entre los datos de las diferentes entidades de gestión. En parte, esta dificultad radica en la inexistencia de directrices por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, tanto sobre aspectos de fondo como de elementos formales.
Sobre las cifras de recaudación se detecta un estancamiento que en la última década no ha recuperado los importes de 2008, y que se ha visto acentuado en los últimos dos años a causa de la COVID. En este escenario, el estudio advierte que no se debe compensar la situación mediante un incremento de los costes a cargo de los presupuestos del sector público, que incluye los medios de comunicación pública y los sectores educativo, científico y cultural.
Además, el estudio aprecia que la convivencia de entidades de gestión de derechos de naturaleza variada, con tarifas y criterios de recaudación dispares, genera una desigualdad en el sector que alimenta la litigiosidad entre entidades y usuarios, especialmente en el sector audiovisual. Por el gran impacto de las cifras de SGAE en el total de la gestión colectiva es deseable un mayor apoyo a la regularización de esta entidad.
El estudio defiende que sean las administraciones públicas del Estado, y no las entidades de gestión de derechos, quienes lideren la lucha contra la piratería. En este sentido, se observa que se están dedicando recursos económicos al margen de la función asistencial y de promoción cultural propia de estas entidades, contraviniendo los fines fundacionales de las entidades.
Finalmente, los autores apuntan a la necesidad de apoyar a las entidades de gestión de derechos para que puedan hacer frente a los cambios tecnológicos experimentados por el sector, en paralelo a una mayor exigencia en materia de transparencia para futuros IAT.
Autores
Luis Fernando Ramos Simón es catedrático en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en Periodismo y en Derecho, es doctor en Ciencias de la Información. Es experto en reutilización de la información en el sector público, y en propiedad intelectual en el entorno digital.
Ignacio Miró-Charbonnier es docente de Grado en Musicología (Universidad Alfonso X El Sabio) y desde 2021 gestiona el patrimonio audiovisual del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Profesor superior por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la UCM, y doctor en Ciencias de la Documentación por la UCM.
FESABID
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1988, que agrupa a la mayor parte de las asociaciones y colegios profesionales del sector de la Información y Documentación en España (Bibliotecas, Archivos, Museos y otras Unidades de Información). FESABID es reconocida como portavoz común del colectivo profesional de la Información y la Documentación por las administraciones públicas, la Unión Europea y diversos organismos internacionales.
Sus últimos informes publicados han sido “Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España” (2021), “Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica” (2019), y “El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas” (2014).