FESABID respalda el posicionamiento profesional frente a la auditoría lingüística en las bibliotecas de Palma

FESABID | 29 ENERO 2026

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) expresa su apoyo al comunicado emitido por la Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB), en el que se rechaza la iniciativa impulsada por Vox y avalada por el Partido Popular para realizar una auditoría lingüística de los fondos de las bibliotecas municipales de Palma.

Según ha alertado ABADIB, esta propuesta cuestiona el criterio profesional de los servicios bibliotecarios e introduce parámetros políticos en la gestión de las colecciones, un ámbito que está regulado por marcos legales claros y por criterios técnicos orientados al interés general y a las necesidades reales de la comunidad.

Desde FESABID se recuerda que las bibliotecas públicas son espacios esenciales para el acceso democrático al conocimiento, la cultura y la información, y que su funcionamiento se rige por principios como la libertad intelectual, la pluralidad, la igualdad de acceso y la independencia técnica. El uso de la lengua como herramienta de confrontación política supone un riesgo para estos principios y para la autonomía profesional del personal bibliotecario.

Este posicionamiento se enmarca en la línea de trabajo sostenida por FESABID en defensa del libre acceso a la información y contra cualquier forma de censura en bibliotecas, una labor que la Federación desarrolla, entre otros espacios, a través de la coordinación del Grupo de Trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria sobre libre acceso a la información y contra la censura en bibliotecas.

Las bibliotecas son neutras, pero no neutrales, y por ello son garantes de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y deben responder a criterios de libertad y democracia, y no a criterios políticos.

FESABID reitera su respaldo a las asociaciones profesionales y a quienes trabajan en bibliotecas públicas, y reclama que cualquier debate sobre políticas bibliotecarias se base en el marco jurídico vigente y en el respeto al criterio profesional.

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