Más de una veintena de asociaciones de archiveros y bibliotecarios de toda España —incluida la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid)— han presentado alegaciones a la Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, en las que piden, entre otros cambios, que no se pueda clasificar información sobre vulneraciones de los derechos humanos para ocultarlas al conocimiento público y que se sancione a quien lo haga. (Miguel González. El País, 12/8/22)

Tras esperar más de cuatro décadas para modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Gobierno recurre a la tramitación por vía de urgencia, en pleno agosto y sin apenas capacidad de participación pública y control parlamentario, de la futura Ley de Información Clasificada.

Pese a contar con solo siete días hábiles, las asociaciones de profesionales de archivos y bibliotecas, otras organizaciones y particulares, han conseguido presentar alegaciones. El documento de las mismas, liderado por AEFP (Archiveros Españoles en la Función Pública) y coordinado por Henar Alonso, realiza una completa propuesta con una introducción basada en los principios de Tshwane, 19 alegaciones genéricas y 20 propuestas de modificación de articulado.

La seguridad nacional y el derecho a saber de la sociedad a menudo se consideran objetivos contrapuestos. Si bien a veces puede haber cierto grado de tensión entre el interés de un gobierno por preservar el carácter reservado de cierta información por razones de seguridad nacional y el derecho de la población a acceder a información en poder de autoridades públicas, un examen exhaustivo del pasado reciente indica que los intereses legítimos de seguridad nacional, en la práctica, se ven favorecidos cuando la sociedad está bien informada sobre las actividades del Estado, incluidas aquellas llevadas a cabo para resguardar la seguridad nacional. Principios de Tshwane

Con esta cita comienza el documento de alegaciones, presentadas el 12 de agosto, para la regulación del derecho de acceso a la información pública en España. Prácticamente, todas las asociaciones de profesionales de archivos han firmado un documento en el que alertan de la total ausencia de mención a los archivos y a los sistemas de gestión documental, imprescindibles para garantizar el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos y registros del artículo 105 b) de la Constitución Española, al que la exposición de motivos y la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada colocan en el centro del argumentario en favor de una nueva ley.

Sobresale también un silencio harto significativo: ni una sola mención al artículo 20.1 d) de la Constitución Española relativo al Derecho a la Información.

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), una vez establecido el plazo para presentar alegaciones, se puso a trabajar en un
documento propio. Finalmente, y gracias a la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), una de las asociaciones federadas, la propuesta se integró en el documento conjunto que se estaba realizando por gran parte de las asociaciones de profesionales de archivos de nuestro país, liderada por AEFP. El escrito se ha enviado desde FESABID, y las asociaciones y colegios profesionales federados, al buzón abierto por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con este fin.

Un triunfo a nivel profesional, al conseguir en tan breve espacio de tiempo la unión del sector GLAM (Bibliotecas, Archivos, Museos y otras Unidades de Información) en el apoyo de una ley
esencial para la práctica diaria de quienes ejercen la profesión en los archivos.

Desde FESABID esperamos que, como ejercicio de transparencia democrática, se tomen en consideración las propuestas reseñadas, y se contacte con profesionales del sector para la mejora de esta ley trascendental para el conocimiento futuro de nuestra historia, descrita, conservada y gestionada por profesionales de la información.

Noticias en prensa:

• • ¿Quién teme a los archivos? (El Salto, 30/8/22)
  • Los profesionales de la información, en contra de la nueva ley de secretos oficiales (ABC. 29/8/22)
  • El Gobierno de Sánchez busca “consenso” para su polémica ‘Ley de Secretos’ tras colarla por la vía de urgencia (Público, 29/8/22)
  • Avalancha de alegaciones a una futura Ley de Información Clasificada que amenaza
    las libertades públicas (Público, 17/8/22)
  • Petición para que no se puedan declarar secretas violaciones de los derechos humanos
    (El País, 12/8/22)
  • La urgencia de una nueva ley de archivos (El País, 10/11/22)