En octubre de 2015 se publicaron dos leyes indispensables para la administración pública en España la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas, especialmente la primera, contiene importantes novedades que afectan a la gestión de los documentos en el entorno de la e-Administración. Sigue la misma línea argumental que la ley 11/2007, conocida popularmente como de la e-administración, que a partir de Octubre de 2016 queda derogada y asumida por la nueva ley de procedimiento administrativo.

La principal y más importante novedad es no considerar la e-administración como algo separado o diferente, sino promulgar que es la única forma de procedimiento administrativo aceptado. Desde hace algunos años las administraciones públicas españolas han emprendido diversos proyectos relacionados con la puesta en marcha de la e-administración al tiempo que la legislación ha ido desarrollando aspectos más concretos de la gestión de documentos electrónicos.

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