El gobierno español recientemente implementó dos directivas europeas: la Directiva de Marrakech y la Directiva de gestión colectiva de derechos. El proyecto de ley que transpuso estos dos instrumentos legislativos llegó con propuestas inesperadas sobre el tema de los derechos de préstamo público.

Este caso es un buen ejemplo de porqué es necesario vigilar cada paso legislativo, y de porqué la próxima transposición de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital
(DEMUD) puede abrir nuevas oportunidades.

Ciro Llueca, director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la UOC y presidente del grupo de derechos de autor de la Asociación de Bibliotecas de España (FESABID) nos informa sobre los cambios recientes:

¿Podría hablarnos sobre los cambios que se han hecho para transponer la Directiva de Marrakech?

Desde hace muchos años, la asociación española de personas ciegas, la ONCE, ha desempeñado un papel esencial para proporcionar acceso a materiales en formatos accesibles, así que ya existía en Espña una amplia excepción de derechos de autor. El Tratado de Marrakech ahora permitirá, además, el intercambio transfronterizo de copias bajo la excepción sin remuneración, entre España, como miembro de la UE, y terceros países que ratifiquen el Tratado.

¿Qué pasa con la transposición de la Directiva de gestión colectiva?

SiLas disposiciones que implementan esta Directiva se centran principalmente en garantizar un mayor control sobre las entidades de gestión colectiva (CMO, por sus siglas en inglés). Es necesario señalar que el lobby de las CMO es muy fuerte en España. No solo las entidades, también las empresas de la industria editorial y audiovisual tienen una gran influencia en el Ministerio de Cultura español, sin importar qué partido político esté gobernando.  bien las CMO más pequeñas, como CEDRO (la CMO para libros, revistas, etc.) nunca alcanzarán los niveles de escándalo que hemos visto en torno a la SGAE (la CMO para la música, y la mayor en España), muchos creen que han tenido un enfoque injustamente duro hacia las instituciones culturales más pequeñas. Ha llegado a un punto en que parecen haber agotado la paciencia del gobierno. La transposición de la Directiva de Gestión Colectiva incluye una demanda de información y auditoría claras y transparentes, y un régimen de sanciones que impone, en los casos más graves, la descalificación como CMO y multa de hasta 800.000 €. Ahora tenemos disposiciones legales con un mensaje claro y justo, pero veremos si el gobierno va a tener el coraje de hacer cumplir las disposiciones en caso de ser necesario. FESABID está satisfecho con esta transposición, ya que parece reflejar nuestra posición histórica: los autores deben ser reconocidos y pagados por su trabajo, pero con transparencia, publicidad y lealtad al interés público por parte de las CMO.

¿Cómo funciona el sistema actual de derechos de préstamo público en España? ¿Ves algún defecto?

En general, no está funcionando bien. Muy pocas administraciones públicas están implementando el esquema de derecho de préstamo público. Tenemos un enorme problema en torno a la recaudación de pagos. Seamos claros: en España, muchas personas, incluidos ciudadanos y políticos, no están de acuerdo con los principios de los derechos de préstamo público. A veces la razón está relacionada con los bajos presupuestos de las bibliotecas públicas. Desde mi punto de vista, debemos evitar que la falta de fondos de las bibliotecas acabe perjudicando a otro grupo de interés legítimo: los autores, y especialmente los autores locales. Ciertamente, los escándalos en torno a las CMO no ayudan a resolver la situación actual. Pero varios gobiernos regionales, como los de Cataluña, Madrid y ahora Castilla-La Mancha, han demostrado que los problemas de información y contabilidad de los préstamos pueden resolverse cuando todas las partes están dispuestas a negociar. En ninguno de estos casos los presupuestos de las bibliotecas han sido perjudicados, ya que la remuneración proviene de las administraciones públicas. Pero deben ser transparentes con el reparto financiero de lo recaudado. 

¿Será útil el reciente cambio legislativo?

El cambio reciente coloca la responsabilidad de administrar los aspectos financieros de los derechos de préstamo público en manos de las provincias, mientras que anteriormente estaba en manos de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Este cambio puede ser útil. En primer lugar, a la administración pública local: antes del cambio, la mayoría de ayuntamientos no podían asumirlo (o no estaban interesados). Y, en segundo lugar, para las CMO: en España, CEDRO tuvo que pedir a 1.315 ayuntamientos que proporcionaran información sobre préstamos, para luego solicitar los pagos. Fue un completo fracaso.

¿FESABID hubiera sugerido otro enfoque?

El cambio reciente no es perfecto, pero es mucho mejor que la situación anterior. FESABID propuso situar la responsabilidad en un nivel administrativo superior, regional o nacional, como sucede en otros países de la UE. El riesgo de dejar la responsabilidad en los municipios o provincias es que terminemos con un escenario que las personas mayores pueden recordar por la comedia británica «Sí, ministro» de los años 80. Podríamos tener un efecto de «Sí, Ministro», donde los responsables manifiestan obediencia a la ley, pero evitan hacer lo que se supone que deben hacer, tanto por política como por ética, en detrimento de los aliados naturales en la política de promoción a la lectura: los autores.

¿Tiene alguna información sobre cómo el gobierno implementará este nuevo esquema?

Es demasiado pronto. En el Ministerio de Cultura español, la actual directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Sra. Olvido García-Valdés, fue nombrada hace pocos meses y está trabajando duro: por primera vez en varios años intentó conseguir, sin éxito, que los representantes autonómicos de las bibliotecas públicas junto con las CMO y FESABID se sentaran en la misma mesa. Ahora las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina. Dependiendo de los resultados, la Sra. García-Valdés será confirmada o no en su posición. Incluso con un equipo comprometido como el que hay en el Ministerio, un cambio en esta posición política podría tener serias implicaciones. Para terminar con otra referencia audiovisual, ¿recuerda la película “El día de la marmota” con Bill Murray y Andie MacDowell? España puede repetir, una vez más, su actual drama y resistencias sobre el derecho de préstamo público. Ahora tenemos que centrarnos en otras prioridades, como la transposición de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital (DEMUD), y es posible que las discusiones sobre los derechos de los préstamos públicos nos alejen de esa prioridad. 

Fuente: https://www.ifla.org/node/92137