Real Decreto de la Comisión de Propiedad Intelectual.

El pasado 15 de noviembre de 2015 entró en vigor el Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. El texto deroga los artículos 2 a 12 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre.

 

Tras la adopción de la ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, las funciones de la Comisión se ven ampliadas. La ampliación llevada a cabo por dicha ley incluía el establecimiento de tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria y para la voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurren con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación. Por otro lado, su función de control sobre las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual se vio reforzada. Es en este contexto que se lleva a cabo un desarrollo reglamentario por vía del Real Decreto 1023/2015.

 

La Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio, contaba inicialmente con funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual. Sus actividades se organizan a través de una sección primera (cuya regulación hace objeto del real decreto en cuestión) y una sección segunda.

Con la aprobación del Real Decreto, las competencias de la sección primera se extienden a las “funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control de las tarifas generales en las materias y supuestos previstos en el artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”. Los supuestos indicados, además de la determinación de tarifas y de control sobre las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión, consisten principalmente en las funciones de órgano mediador y arbitral. La Comisión colabora en las negociaciones en materias directamente relacionadas con la gestión colectiva y la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable, y, en materia de arbitraje, da solución a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y fija cantidades sustitutorias de las tarifas generales.

 

El RD desarrolla reglamentariamente el procedimiento de mediación y de arbitraje. En lo que concierne al arbitraje, el anterior RD contemplaba un régimen general y un procedimiento de arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales. El nuevo RD mantiene los dos procedimientos con ciertas modificaciones y a continuación distingue entre dos otros procedimientos adaptados a las nuevas competencias de la Comisión, a saber: un procedimiento de determinación de tarifas y un procedimiento de control de tarifas.

 

De este Real Decreto depende la implementación apropiada de las disposiciones de la citada ley 21/2014, que refuerza de manera importante las funciones y competencias de la Comisión.